475.000 judíos viven como colonos en los asentamientos ilegales levantados por Israel en Jerusalén Este y Cisjordania. El 26 de septiembre finaliza la moratoria parcial de 10 meses sobre la construcción de nuevas colonias, así que las grúas y excavadoras comenzarán a trabajar de inmediato y la cifra se incrementará en breve. Hoy están en el punto de mira como pieza clave de la partida que juegan Israel y Palestina en las negociaciones de paz. El Gobierno de Benjamin Netanyahu rechaza ceder un suelo que es “propiedad de Israel por ser la tierra prometida”, y la administración de Mahmud Abbas se niega a seguir soportando los 140 poblados que agujerean su futuro país. Sin embargo, independientemente de que sean una forma de dividir territorialmente a los palestinos, de interrumpir sus infraestructuras y de negarles una frontera segura, las colonias son un negocio al que nadie está dispuesto a renunciar, ni vecinos, ni empresarios ni políticos. Una mina de oro no puede cerrarse.


Desde que en 1967 el Partido Laborista (centro izquierda) impulsó los asentamientos la política de colonias le ha costado a Israel 7.500 millones de euros, “lo que ha consumido el presupuesto para educación, bienestar social e investigación no armamentística” y ha ayudado “a aumentar la pobreza, con casi un millón de personas por debajo del umbral mínimo, entre ellas, el 30% de la población infantil”, denuncia Maayan Geva, de B´Tselem, el Centro israelí de información sobre derechos humanos en los Territorios Ocupados. Esta asociación ha encuestado a los colonos y las tres cuartas partes confiesan que no se fueron allí por motivos religiosos. Querían una casa subvencionada y unos servicios públicos preferentes. Con la crisis azotando, no es extraño que desde 2007 se haya registrado un crecimiento anual de su población de entre el 5 y el 10%, dos veces más rápido que en el conjunto nacional.

360.000 colonos (75%) son además ultraortodoxos, por lo que suman a las ayudas generales otras ventajas estatales. Seis de cada 10 no trabajan y se dedican a estudiar la Torá, por lo que se las pasa una pensión nunca inferior a 500 euros al mes, acumulables a las ayudas por hijos (la familia media tiene de cinco a siete miembros) y a las becas especiales para estudiar en escuelas talmúdicas. Están eximidos de hacer el servicio militar; de 1975 a 2007 las prórrogas por razones religiosas pasaron de un 2,5 a un 11%, 50.000 personas, cuatro divisiones, y eso que ellos defienden la necesidad de proteger y velar por los asentamientos con el Ejército. A su autoridad espiritual, que ha hecho ceder a los sucesivos gobiernos de Israel, hoy suman su peso político, con el Shas como tercer socio del gabinete Netanyahu (11 escaños), al frente de ministerios como Interior y Vivienda. De este último dependen las colonias, así que nadie espere un paso atrás. La congelación no ha sido más que una anécdota.